Tras el dictamen negativo del Consejo de Estado por un lado, y el respaldo obtenido por parte de sindicatos como CC.OO y UGT por otro, la reacción del Ministerio de Trabajo no se ha hecho esperar. Y la respuesta ha sido clara.

El Ministerio encabezado por Yolanda Díaz mantiene su hoja de ruta para aprobar el refuerzo del registro horario digital y continuará con la tramitación del Decreto-ley sin introducir cambios de fondo, aunque se abre a ajustes técnicos en el texto.

La intención del Ejecutivo es elevar la norma al Consejo de Ministros con su estructura actual, en un contexto marcado por el debate jurídico, económico y político en torno a esta reforma.

Sin cambios sustanciales en el núcleo de la norma

Trabajo descarta reabrir la negociación del texto, ya acordado con los sindicatos y rechazado por las organizaciones empresariales. La reforma busca establecer un sistema de registro horario obligatoriamente digital, accesible para la Inspección de Trabajo y diseñado para reforzar el control de la jornada laboral.

Este proyecto se configura además como una vía alternativa tras el rechazo parlamentario a la reducción de la jornada laboral, lo que refuerza su peso dentro de la agenda laboral del Gobierno.

Un dictamen que no altera la tramitación

El dictamen del Consejo de Estado, aunque crítico, no es vinculante, lo que permite al Gobierno seguir adelante con la norma sin necesidad de reiniciar el proceso. Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que no será necesario someter de nuevo el texto al órgano consultivo antes de su aprobación definitiva.

No obstante, el informe introduce elementos que podrían facilitar eventuales impugnaciones judiciales, especialmente por parte de organizaciones empresariales como CEOE, que ya habían cuestionado el encaje jurídico del proyecto.

Apoyo sindical y presión para avanzar

Los sindicatos CCOO y UGT han respaldado la decisión de continuar con la reforma y han expresado su preocupación por el impacto del dictamen. Ambas organizaciones consideran que el sistema actual de registro horario ha demostrado ser insuficiente y defienden la necesidad de avanzar hacia un modelo más fiable y difícil de manipular.

En este sentido, insisten en que el refuerzo del registro es clave para combatir el fraude en las horas extraordinarias, que cifran en millones de horas no remuneradas cada año.

Choque dentro del propio Gobierno

El avance del proyecto también refleja tensiones internas en el Ejecutivo. El Ministerio de Economía ha sido uno de los departamentos más críticos con la medida, especialmente en lo relativo a su impacto en las empresas y, en particular, en las pymes.

Desde Economía se defiende la necesidad de una implantación equilibrada, con periodos transitorios y herramientas que faciliten la adaptación empresarial, mientras que Trabajo mantiene una posición más firme en la aplicación del modelo.

El debate sobre el modelo de control horario

El trasfondo del conflicto pone de relieve un debate más amplio sobre cómo debe evolucionar el control del tiempo de trabajo en España. Por un lado, se sitúa la necesidad de reforzar la trazabilidad y el cumplimiento de la normativa laboral; por otro, la exigencia de garantizar seguridad jurídica, viabilidad económica y adaptación sectorial.

El Consejo de Estado, en su dictamen, respalda el objetivo de la norma, pero plantea dudas sobre su diseño, su impacto y su encaje legal, aspectos que seguirán marcando el debate en las próximas fases de tramitación.

Un escenario aún abierto

Con el proceso todavía en marcha, el registro horario digital obligatorio se perfila como una de las reformas clave en materia laboral. La decisión del Ministerio de Trabajo de seguir adelante sin cambios sustanciales refuerza el impulso político de la medida, aunque mantiene abiertos los interrogantes sobre su desarrollo final y su aplicación práctica en el tejido empresarial.