Según los datos recogidos en el dictamen del Consejo de Estado emitido el 23 de marzo de 2026, el impacto económico inicial de la Ley de registro horario digital alcanzaría los 867 millones de euros anuales, con un coste estimado de 55,40 euros por trabajador.

La medida afectaría a 1,35 millones de empresas en España, lo que sitúa el foco en su impacto real sobre el tejido empresarial. En este contexto, el órgano consultivo considera que la afirmación inicial de que la norma no supondría una carga significativa “resulta poco realista”, y apunta a la necesidad de una tramitación más amplia y detallada.

¿De dónde salen estos costes?

El cálculo parte de una estimación del propio Ministerio de Trabajo, que cifra en 55,40 euros el coste anual por trabajador. Esta cantidad, multiplicada por los aproximadamente 15,6 millones de trabajadores afectados, da lugar a los 867 millones de euros.

Sin embargo, el propio Consejo de Estado advierte de que esta cifra podría quedarse corta. El sistema de registro horario digital implica:

• La adquisición de licencias de software.
• La conexión permanente a una red.
• La accesibilidad continua para la Inspección de Trabajo.
• La adaptación de procesos internos.

A estos elementos habría que añadir otros costes no incluidos en la estimación inicial, como la implementación técnica, la formación de empleados o el mantenimiento del sistema.

El impacto real en las empresas

Trasladado a la práctica, el impacto varía en función del tamaño de la empresa. Por ejemplo:

• Una empresa de 10 trabajadores: aproximadamente 554 euros al año.
• Una empresa de 50 trabajadores: alrededor de 2.770 euros anuales.
• Una empresa de 200 trabajadores: más de 11.000 euros al año.

Un cambio estructural en la gestión laboral

Más allá del coste, la implantación del registro horario digital supone un cambio relevante en la gestión del tiempo de trabajo. No se trata únicamente de fichar, sino de garantizar:

• La trazabilidad de la jornada.
• La disponibilidad de los datos en tiempo real.
• La fiabilidad del sistema ante posibles inspecciones.

Esto implica que las empresas deberán revisar sus sistemas actuales y, en muchos casos, migrar hacia soluciones digitales más avanzadas.

La importancia de anticiparse

En un contexto en el que la norma todavía está en fase de revisión, el escenario apunta claramente hacia una mayor exigencia en el control horario. Por ello, anticiparse se convierte en un factor estratégico.

Las empresas que adapten sus sistemas con antelación podrán:

• Reducir riesgos de incumplimiento
• Evitar implementaciones urgentes
• Optimizar costes mediante una planificación progresiva
• El foco en la validez legal de las soluciones

Uno de los elementos clave no será solo el coste o la funcionalidad del sistema, sino su validez legal. La evolución del proyecto normativo y las observaciones realizadas por distintos organismos apuntan a un posible endurecimiento de los requisitos técnicos.

En este sentido, no se descarta que en fases posteriores se exija que los sistemas de registro horario estén homologados o certificados, garantizando así su fiabilidad, seguridad y adecuación a la normativa.

Este escenario refuerza la necesidad de elegir soluciones que no solo cumplan con los requisitos actuales, sino que estén preparadas para futuras exigencias regulatorias.

Un escenario en evolución

El registro horario digital obligatorio se perfila como uno de los cambios más relevantes en materia laboral y de compliance en los próximos años. Las cifras avanzadas hasta ahora permiten dimensionar su impacto, pero también evidencian la necesidad de seguir ajustando el modelo para equilibrar control, viabilidad y seguridad jurídica.

En este contexto, las empresas no solo deberán adaptarse, sino hacerlo con una visión estratégica que combine eficiencia operativa y cumplimiento normativo.