CCOO y UGT han pedido al Gobierno que continúe con la reforma del registro horario, a pesar del dictamen desfavorable del Consejo de Estado. Ambos sindicatos consideran que el informe, de carácter no vinculante, no debe frenar una medida que califican como clave para garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada laboral.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han trasladado su preocupación por el impacto que puede tener este posicionamiento en el desarrollo de la norma, especialmente en un contexto donde, aseguran, persisten elevados niveles de incumplimiento en materia de tiempo de trabajo.

Un llamamiento a mantener los compromisos del diálogo social

Los sindicatos subrayan que el Ejecutivo no debería apoyarse en un informe consultivo para replantear una reforma que forma parte de los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social.

Según su valoración, la medida resulta necesaria no solo desde una perspectiva laboral, sino también para garantizar la equidad en el mercado, evitando que empresas incumplidoras obtengan ventajas competitivas.

El foco en el fraude en las horas extraordinarias

Uno de los principales argumentos de CCOO y UGT es la magnitud del fraude asociado al tiempo de trabajo. Según sus datos, alrededor del 40% de las horas extraordinarias no se pagan ni se compensan, lo que equivale a unos 130 millones de horas al año.

Este fenómeno, señalan, tiene un impacto económico significativo, con un coste estimado superior a los 3.200 millones de euros anuales, además de efectos directos sobre la recaudación de la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Críticas al enfoque del dictamen

Aunque el Consejo de Estado reconoce la existencia de incumplimientos relevantes y cifra el coste de implementación en 867 millones de euros (55,40 euros por trabajador al año), los sindicatos consideran que el dictamen desplaza el foco hacia aspectos técnicos y procedimentales, en lugar de centrarse en la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

Desde su perspectiva, el debate no debería girar en torno al instrumento normativo, sino en torno a la eficacia del sistema actual, que califican de insuficiente para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.

Registro horario y exigencias europeas

CCOO y UGT recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los sistemas de registro de jornada deben ser objetivos, fiables y accesibles. En este contexto, consideran que el modelo vigente en España no cumple plenamente estos criterios, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia un sistema más robusto.

La propuesta del Gobierno, en su opinión, se orienta precisamente a corregir estas deficiencias, mejorando la trazabilidad de la jornada y reduciendo el margen de manipulación de los registros.

Protección de datos y acceso a la información

Otro de los puntos de fricción se sitúa en la protección de datos. El dictamen del Consejo de Estado incorpora observaciones en esta materia, apoyadas en el informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Sin embargo, los sindicatos consideran que un enfoque excesivamente restrictivo podría dificultar el acceso de la Inspección de Trabajo a la información necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa. En este sentido, advierten de que la protección de datos no debería convertirse en un obstáculo para el control efectivo de la legalidad.

Un debate abierto sobre el modelo de control horario

El posicionamiento de CCOO y UGT introduce un nuevo elemento en el debate sobre el registro horario digital, evidenciando la existencia de diferentes enfoques en torno a cómo debe implementarse esta medida.

Mientras el Consejo de Estado plantea la necesidad de revisar aspectos clave del proyecto, los sindicatos insisten en la urgencia de reforzar los mecanismos de control ante un problema que consideran estructural.

En este contexto, el futuro de la norma dependerá del equilibrio entre seguridad jurídica, viabilidad operativa y eficacia real en la lucha contra el incumplimiento de la jornada laboral.